Por Karina Albarracin, Nadia Rojas y Claudia Panizza
El aborto en el Código Penal argentino figura desde 1886, pero en un primer momento comprendido entre 1886 y 1921, se caracterizó por convertirse en la primer herramienta legal de control sobre la maternidad, donde la construcción de la mujer delincuente, en caso de abortar, mostró una contradicción con el discurso de la domesticidad y el sentimiento innato por la maternidad. En un segundo momento, que dio comienzo con la reforma del Código Penal de 1921, se incorporó la figura de aborto no punible, para los casos de riesgo para la salud y la vida de la mujer o cuando el embarazo sea producto de una violación. Los médicos, varones en su mayoría, se erigieron como la única autoridad con el poder de intervenir en la realización de los abortos con fines terapéuticos o eugenésicos, deslegitimando y situando en la clandestinidad las prácticas de las parteras. Así, estas mujeres que es su saber generado por la práctica cotidiana y el conocimiento popular conformado entre mujeres, y que históricamente ocuparon el rol de intervenir para acompañar a la mujer en el parto y realizar los abortos, fueron empujadas a la ilegalidad si no se formaban en la universidad. Hoy las obstétricas, herederas universitarias de las parteras, aún luchan por su reconocimiento y autonomía en los centros de salud, hospitales y consultorios para que las ampare como profesión una ley nacional.
Al despertar grandes controversias entre las partes que pugnan por definirlo como un problema público sobre el cual el estado debe dar respuesta, el aborto ha aparecido y desaparecido de la discusión pública en diferentes momentos desde el regreso de la democracia en 1983. La instalación del aborto como problema en la arena pública y la demanda de su despenalización y legalización es resultado del cúmulo de acciones colectivas que llevaron adelante las feministas desde la creación de la Comisión por el Derecho al Aborto a finales de la década de 1980.
Sin lugar a dudas, la conformación de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito como tributaria de las luchas de décadas anteriores, es fundamental en la instalación pública y visibilización del aborto como una práctica cotidiana y una experiencia más en la vida de las mujeres. Fue a partir de su conformación como articulación nacional, que la lucha por el derecho al aborto se federalizó. Hay que resaltar las organizaciones que tuvieron un rol importante para ampliar el debate por el derecho al aborto: la Multisectorial de la mujer (1983), la Comisión por el Derecho al aborto (1988), el Encuentro Nacional de Mujeres (desde 1986), la Asamblea por el derecho al aborto (2002), la Campaña Nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito (desde 2005) y Socorristas en red (desde 2012).
De la misma forma es importante destacar el antecedente que nos deja el fallo FAL que marca que existe una única interpretación posible del Código Penal ante las causales de aborto no punible y señala que cualquier otra que intente obstaculizar el acceso sólo pondría a las mujeres en una nueva situación de violencia pero esta vez ejercida desde las instituciones.
Durante mucho tiempo y aún actualmente persisten prácticas en el sistema de salud y la justicia que ponen a las mujeres víctimas de violencia sexual obstáculos judiciales, que la mayoría de las veces agrava sus circunstancias en vez de ampararlas. La judicialización de abortos no punibles es una práctica contra la ley y están fomentadas desde lugares institucionales que ejercen su poder disciplinar sobre los cuerpos femeninos exigiendo requisitos que la ley no reclama y que contradice garantías y principios constitucionales.
A pesar de que la interrupción del embarazo, segura, legal y gratuita aún no es ley, el debate conmovió no solo al poder político, sino que tuvo fuerte presencia también en las calles, en los medios de comunicación, en las conversaciones informales como así también en las aulas. De este modo es posible pensar que la discusión nos dejó la posibilidad de desnaturalizar, de cuestionar, desarmar sentidos y conceptos impregnados tanto en las leyes como en el común colectivo. Sin dudas fue un antes y un después en la lucha por la justicia social y los derechos de las personas.
Asimismo, al interior del colectivo profesional también nos dejó desafíos. El avance del movimiento feminista y las luchas por los derechos sexuales nos invitan a interpelar nuestros marcos conceptuales y repensar los problemas sociales incluyendo la perspectiva de género y de los derechos humanos, profundizando el análisis de los procesos de desigualdad y opresión.