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Por Luciano Scatolini. Abogado y escribano público. Subsecretario de Política de Suelo y Urbanismo de la Nación y miembro del Comité Ejecutivo de PROCREAR.
Vivimos tiempos complejos, marcados por profundas inequidades, que lejos de ser parte de la estadística definen como habitamos y vivimos nuestro planeta.
Las políticas urbanas operan en ciudades profundamente desiguales. Datos recientes nos muestran que las grandes fortunas nunca han acumulado tanto dinero como el año que acaba de finalizar (2019). Solo 500 personas en el mundo acrecentaron su patrimonio un 25 % en el término de doce meses, y lo grave es que esta acumulación en pocas manos se produce en detrimento de la mayoría de la población que permanece bajo los niveles de pobreza.
Solo veintiséis multimillonarios poseen más dinero que los 3.800 millones de personas más pobres del planeta. Como afirma Winnie Byanyima, Directora Ejecutiva de la ONG Oxfam (que analizo y difundió los datos) “el abismo que aumenta entre los ricos y los pobres penaliza la lucha contra la pobreza, perjudica la economía y alimenta la rabia en el mundo” (1).
Este fenómeno de acumulación en pocas manos sacude principalmente a países de América Latina y es la principal fuente de conflictos de la región, como se ha podido verificar recientemente en países como Chile o Colombia, en los cuales, a pesar del crecimiento de la economía, no se han generado los “necesarios efectos del derrame” anunciados por economistas ortodoxos.
El índice Gini que estima la distribución de los ingresos, que va de 0 (igualdad absoluta) a 1 (desigualdad absoluta), marco que la inequidad en Chile es una de las más altas 0,454 según informa la CEPAL. Nuestro país no escapa a esta dramática situación de inequidad social, donde según datos del INDEC, el 10% más pobre de la población tiene ingresos que representan el 1,5% del total, en contraste con el 10% más rico que equivale a ingresos por el 32,8%.
Estos datos resultan a nuestro modo de ver fundamentales ya que analizar la ciudad y sus realidades, es comprenderá a partir del fenómeno de la desigualdad.
Como señala Pablo Ciccolella (2) “los procesos económicos globales, entonces, han dado lugar en los últimos años al rediseño de la relación entre economía, sociedad y espacio, generando nuevas estructuras territoriales de producción, gestión, circulación y consumo, así como nuevas formas de fragmentación socio territoriales”.
La magnitud que adquiere la informalidad en la provincia de Buenos Aires, y en el país, nos debe llevar a revisar las prácticas y las soluciones que hasta el momento se han realizado para revertir esta tendencia, que parece cristalizarse bajo la lógica de ciudad formal versus ciudad informal, con creciente guetificación del espacio urbano.
Un aspecto central de esa lógica tiene que ver con la localización de los sectores populares en las ciudades, como aspecto simbólico del hábitat y las formas organizativas en los barrios segregados, como lo vienen relatando los estudios sobre los guetos negros del sociólogo francés Loic Waquant que nos advierten de las consecuencias socialmente deletéreas de la estigmatización de los barrios deteriorados, que debilitan los vínculos sociales generando estrategias de distanciamiento territorial que anulan las solidaridades y la integración socio espacial.
La hora del estado
Este nuevo tiempo de la Argentina que comenzó a partir del 10 de diciembre de 2019 tiene una tarea gigante por delante en materia de acortar la brecha urbana.
Para ello se han puesto en marcha algunas decisiones que creo significativas tales como el Programa de integración socio urbana de barrios informales relevados por el Registro Nacional de Barrios Informales RENABAP (3).
La Ley 27.453 en sus artículos 13 y 14 autoriza al Poder Ejecutivo a realizar un contrato de Fideicomiso para administrar los fondos que se obtengan para los fines que fue creada la norma, y asimismo legisla sobre distintas fuentes de financiamiento que debería tener (4), entre las que se destacan un porcentaje de la recaudación del impuesto al dólar turista y la intención legislativa de grabar las grandes fortunas disponiendo que parte de los fondos recaudados sean destinados a la integración de los barrios informales.
Otras dos medidas que quiero poner en valor se tomaron en los últimos días y que considero pondrán cimientos fuertes para pensar en políticas a mediano y largo plazo que requiere nuestro país.
Hace diez años, en su paso por nuestro país como Relatora Especial de Vivienda de la ONU, la reconocida urbanista brasilera Raquel Rolnik entre otras cosas señalaba: «…falta en la Argentina un plan nacional de suelo. La Argentina puede resolver en 10 o 15 años la cuestión de la vivienda pero a condición de encarar un plan nacional de suelo y hábitat». En esta etapa institucional la Argentina ya tiene por primera vez en su historia, un “Plan Nacional de Suelo Urbano” que viene a dar respuesta al desafío que plantea la Organización de las Naciones Unidas en innumerables documentos en los que se establecen los estándares internacionales de derechos humanos vinculados con el hábitat.
La Argentina es uno de los 10 países más urbanizados del planeta, con tasas de urbanización que superan el 92%. Como en otros países, el crecimiento de las ciudades ha estado acompañado como lo señalamos por la desigualdad, la exclusión socio-espacial y la formación de asentamientos precarios.
La crisis de acceso a la vivienda que se produce en casi todas las ciudades del mundo, obliga a repensar la forma en que se gestiona el desarrollo urbano y los instrumentos que se deben poner en práctica para equilibrar las oportunidades a obtener un lugar en la ciudad donde poder habitar con dignidad.
La materialización de un «Plan Nacional de Suelo Urbano» es el resultado de la experiencia acumulada desde distintos ámbitos de la sociedad, grupos profesionales, universitarios y de investigadores, trabajadores y cámaras empresarias, y fundamentalmente el producto de la militancia de miles de personas que nunca renunciaron a ese sueño.
Si bien el camino a recorrer no será sencillo es el correcto ya que revertir las modalidades vigentes de acceso a la tierra es un modo de atender a algunas de las causas estructurales de la pobreza y la desigualdad.
El Plan Nacional de Suelo Urbano permitirá dar respuesta a través de programas específicos a cada uno de los aspectos que forman parte de las agendas de la Organización de las Naciones Unidas, a las que nuestro país ya se ha comprometido.
A través del “Programa de Producción de Suelo Urbano” se va a mejorar las condiciones de oferta de tierra para distintos usos, sectores sociales y programas estatales. Con el “Programa de Capacitación y Asistencia Técnica” se incrementarán las capacidades de los gobiernos subnacionales para implementar nuevas y mejores prácticas urbanísticas. La “Mesa Intersectorial” permitirá generar un ámbito colectivo para pensar el desarrollo territorial con todos los actores (sindicatos, empresarios desarrolladores, organizaciones sociales, cámaras del sector de la construcción e inmobiliarias, cooperativas, provincias y municipios). Finalmente, el “Observatorio de Precios del Suelo” permitirá mitigar las prácticas especulativas.
Se trata de metas muy altas, para lograrlas es necesario construir los consensos necesarios que sostengan una mirada a largo plazo sobre estas temáticas y que también contribuyan a modificar la manera de pensarnos como Nación.
En paralelo el Presidente de la Nación ha vuelto a lanzar y poner en valor el Programa de Crédito Argentino Procrear, que fuera puesto en marcha originalmente en 2012 , para ello se revirtieron aspectos de la anterior gestión de gobierno que convirtió al Programa en un mero intermediador entre la demanda y el sector financiero a través del sistema de crédito UVA, siendo necesario entonces recuperar el protagonismo del Estado en la gestión de este Programa. Logrado esto, a través de la creación del nuevo Comité Ejecutivo (con amplia participación de otros organismos del Estado), se diagramaron las líneas de acción que permitirán simultáneamente mejorar las condiciones de acceso al Hábitat y, a su vez, dinamizar la economía a través del empleo y la producción local. Pro.Cre.Ar vuelve a dar la posibilidad de edificar en un lote individual, ampliar o mejorar la casa que ya poseen o acceder a una vivienda construida con criterios sustentables a través de los Desarrollos Urbanísticos o los Desarrollos Habitacionales, en tierras fiscales o aportadas por las empresas constructoras.
Esta tarea no está disociada de los modelos de ciudad, que ubican a la planificación urbana inclusiva como criterio estructurador de la política de vivienda.
Notas:
- https://www.efe.com/efe/america/economia/oxfam-la-desigualdad-empeora-y-el-fmi-bm-son-parte-del-problema/20000011-4090627
- Ciccolella Pablo “Metrópolis Latinoamericanas” más allá de la globalización. Ed Café de las Ciudades 2014.
- Otro logro importante que se fue dando en la construcción del RENABAP, es la puesta en marcha de los denominados “Diagnósticos Urbanos de Barrios”. Esta herramienta, aún en ejecución por la complejidad y el volumen de datos y síntesis que requiere, permite profundizar el diagnóstico, yendo más profundo en el análisis que el resultado surgido del relevamiento, ya que además de la identificación geográfica, dominio de la tierra, cantidad de familias, se avanzó en cuantificar unidades de medida que permitan tener un panorama más acertado acerca del déficit en cuanto a las redes de infraestructura, con la posibilidad de tener un monto estimado de costos de urbanización, fundamentalmente en obras de pavimentación, veredas, agua, saneamiento, electricidad y mejora del espacio.
- Ver artículo 13 y artículo 14 de la Ley Nº 453 (Régimen de Regularización Dominial para la Integración Socio Urbana)
Universidad Nacional Arturo Jauretche
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